A pocas semanas del inicio del calendario escolar y en medio de una inflación mensual récord, el Gobierno de Javier Milei habilitó a los establecimientos educativos privados a aumentar sus aranceles sin límite ni control alguno.
Por una norma de 1999, las instituciones educativas de gestión privada tenían la obligación de informar sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes al ciclo lectivo subsiguiente.
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A partir de la derogación de la resolución 678/99, los colegios privados ya no deberán comunicar el costo de sus cuotas a la Secretaría de Comercio, el ente encargado de admitir estos aumentos en función de un análisis financiero de cada institución.
La medida fue publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial y entre los críticos de la decisión hubo quienes plantearon que podría tratarse de un primer paso hacia la desregulación de las cuotas de las instituciones educativas privadas.
