Cuadernos: fiscal pide sobreseimientos por violación del proceso

El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento de todos los imputados por supuestos aportes irregulares para la campaña del kirchnerismo, que se investiga en un desprendimiento de la Causa de los Cuadernos. En un dictamen que ingresó el jueves al despacho de la jueza María Servini, Di Lello determinó que el testimonio como “arrepentido” del ex secretario de Obras Públicas José López no es válido, ya que no fue registrado de manera audiovisual, como indican los artículos 6 y 7 de la Ley del Arrepentido.

El fiscal indicó que “en las discusiones parlamentarias efectuadas por los legisladores al momento de discutir la sanción de la ley 27.304, (del Arrepentido) queda a la luz la idea de que la recepción solo en forma escrita no era suficiente”, puntualizó. Además, para Di Lello, el juez Claudio Bonadio no siguió criterios de la Cámara Federal y solo argumentó la “conexidad subjetiva” de los imputados.

Di Lello también hizo un repaso respecto a la supuesta quema y posterior aparición de los cuadernos que serían los originales, escritos por el exchofer Oscar Centeno. En ese sentido, sostuvo que “corresponde estudiar con la prudencia y precisión jurídica que requieren estas cuestiones, la admisión de que una investigación se funde en elementos probatorios cuya comprobación fáctica resulta imposible, al menos hasta ahora”. Para Di Lello, Centeno no sería un testigo verosímil. En la resolución afirma que las indagatorias fueron fundadas a partir de unas fotocopias "cuya materialidad es ontológicamente inexistente". Acerca de las indagatorias, Di Lello justificó su decisión al manifestar que los hechos y delitos que se les imputaron "resultan imprecisos y vagos, contraponiéndose con el derecho de defensa en juicio”.

Así, pidió el sobreseimiento de los dirigentes José Ottavis, Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés Larroque, Julián Álvarez, y Máximo Kirchner, junto con el empresario Sergio Szpolski, y a los radicales Ricardo Ivoskus, y Enrique “Japonés” García. “En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, concluye.