El impacto del Salario Mínimo, Vital y Móvil repercute sobre 200 mil y 300 mil trabajadores que no están regidos por convenios colectivos y cuyos haberes se ajustan de acuerdo con esta variable. También la variación de este valor incide sobre unos 400 mil planes sociales y, a mediano plazo, tracciona sobre la cuota de los créditos hipotecarios UVA.
En medio de la crisis económica, el Gobierno quiere alcanzar un consenso para que el aumento ronde el 25%, lo que llevaría a $12.500 la nueva referencia salarial.
Por su parte, la dirigencia gremial ya advirtió que rechazarán esa propuesta por entender que no contempla la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo. Aseguran que en ningún caso puede ser menor a la proyección de inflación para 2018 estimada por la mayoría de las consultoras privadas y del propio Banco Central, en un piso de 30 por ciento.