El procurador general interino Eduardo Casal rechazó un pedido de juicio político contra el fiscal federal Carlos Stornelli impulsado por el senador oficialista Oscar Parrilli por la presunta manipulación de la llamada “Causa Cuadernos”.
“Acceder al escrutinio disciplinario a que se pretende someter la actuación del doctor Stornelli sobre este aspecto importaría utilizar la vía administrativa para revisar cuestiones judiciales vinculadas con un proceso en trámite”, refutó Casal al planteo de Parrilli.
El senador había denunciado que la investigación “había sido radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 sin que se efectuara el sorteo de rigor, el cual se había eludido por medio de una maniobra oculta e ilegal, de la cual el fiscal había sido cómplice y el defensor oficial, doctor Gustavo Kollmann, complaciente, al establecer una conexión con la causa conocida como ´Gas Natural Licuado´ (GNL) que tramitaba ante esos estrados”.
Ese mecanismo se conoce en la jerga judicial como “fórum shopping” y consiste en la elección artificial de un juzgado para que intervenga en un expediente. “Los fiscales no pueden ser sometidos a proceso disciplinario por el contenido de sus dictámenes o por errores cometidos durante su actuación, pues para atender esos asuntos el ordenamiento procesal provee diversos recursos para las partes que consideran afectados sus intereses”, explicó Casal.
La decisión de Casal significa, en los hechos, que Stornelli no será sometido al proceso de juicio político por su actuación en la “Causa Cuadernos”. Casal descartó el juicio político porque el argumento invocado por el senador “involucra cuestiones estrictamente relacionadas con las contingencias propias de ese proceso, en cuyo ámbito deben ser resueltas, vinculadas principalmente con la aplicación de una ley, que ha suscitado distintos criterios interpretativos sobre los cuales no cabe efectuar reproche disciplinario por más que no se comparta el que ha seguido el doctor Stornelli”.
La “Causa Cuadernos”, que involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a ex funcionarios y a empresarios, entre otros, comenzó hace tres años a partir de la divulgación de manuscritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Barata, ex número dos del Ministerio de Planificación Federal, con anotaciones vinculadas al presunto pago de sobornos para la obtención de contratos de obra pública.
Fuente: NA
