No sería mentira ni exageración decir que este lunes 6 de enero a las 13 horas, Argentina entera se conmocionó ante el caso de 8 jóvenes siendo enjuiciados por el despiadado asesinato de Fernando Báez Sosa.
En esta jornada miles de personas indignadas se amontonaron frente a los televisores, las calles se llenaron de fotos de un muchacho ya ausente, más de 150 efectivos de seguridad se movilizaron frente a las puertas del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores. El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su madre y la pareja de esta, se hizo presente en la audiencia para acompañar el dolor de los padres de Fernando. Los progenitores de los jóvenes condenados también prorrumpieron en gritos al escuchar el veredicto y ver como uno de los acusados se desmayaba.
¿El resultado? Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi condenados como coautores de homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas a prisión perpetua. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi condenados como partícipes secundarios del mismo crimen a 15 años de prisión.
Ante este estremecedor caso, el Dr. Enrique Zabala, abogado penalista, devela una oscura verdad : “Esto es algo que ha tenido más repercusión mediática pero la (alarmante) realidad es que son hechos que suceden todo el tiempo“.
“Hay una normalidad de violencia, en el sentido de repetición de estos casos”, agregó y aseguró que le sorprendió mucho como varios profesionales, tales como psiquiatras y médicos forenses, clasificaron el caso de “inaudito”, cuando la dura realidad es que existen muchos episodios graves que se presencian diariamente.
Por otro lado, remarcó el asombro que le causó ver como gran parte de la sociedad trato este hecho como un “ojo por ojo”. “Hay gente que cree que porque (Fernando) murió se le tiene que quitar la vida a otro. La sociedad evolucionó, el proceso es un triunfo de la pacificación. Sino nos moveríamos como una turba. La gente tiene que entender que el fin no es que se pudran en la cárcel, no es sacarlos de circulación. El fin de la pena es que aprendan el respeto a la Ley y se integren a la sociedad, sea esto en 50 o 35 años. No se trata de equiparar una muerte con unos vivos que están encerrados en una celda de cuatro por cuatro”, explicó. Cabe remarcar que esta afirmación de Zabala no niega la necesidad de la condena o del pago por el atroz crimen cometido.
Aún así, admitió que “no hay absolutamente nada” en el sistema penitenciario que ayude a la reinserción y resocialización de los presos. “Esto ya es un problema político. La cárcel depende del Gobierno. En cambio, la Justicia es la que dicta la sentencia. El Gobierno hace las cárceles y verifica las condiciones. Eso es algo que no puede hacer la Justicia”, aclaró.
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