La Cámara Federal porteña anuló este miércoles los procesamientos contra exfuncionarios de la administración kichnerista, en el marco de la causa por las supuestas coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Así, quedaron revocados los procesamientos al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime. La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que ordenó al juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado.
También se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso, entre los que están el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, además de Jorge Rodriguez, Gianvincenzo Coppi y Lorenzo Ghella.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los exfuncionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de “fundamentos”. Este “acto administrativo que benefició al consorcio integrado –según anterior denominación- por las firmas Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA”.
Los jueces remarcaron que se procesó a los entonces funcionarios por haber tenido incidencia en esa adjudicación irregular pero “no así a los particulares beneficiados”. “El hecho que se tuvo por probado es el direccionamiento de la contratación pública de la obra Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en favor de determinados empresarios”, remarcaron.
En base a este panorama “hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó”, advirtieron Irurzun y Bruglia, como por ejemplo, “si la afirmada acción de los funcionarios públicos de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros”. “Para cada uno de los aportes -que no fueren inocuos- había otro aspecto -el subjetivo, de si cada uno de los involucrados actuó con conocimiento y voluntad- que debía ser examinado para un tratamiento fundado”, agregaron los jueces.
