Tras la suspensión de la ley de movilidad en el marco de la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno anunció que los aumentos que tendrán las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por HIjo (AUH) será del 13%, al tiempo que informó el lanzamiento de un vademecum de 170 medicamentos esenciales gratuitos para los afiliados de PAMI.
El incremento para todos los jubilados para el segundo trimestre del año está compuesto por una suma fija de $1500 más un 2,3% y será oficializado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la próxima semana
Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que estiman superaría el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.
“Se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y un aumento del 2,3% adicional. De esta manera, el total de beneficios que superan a la formula derogada es del 86,8%. Es decir, el 86,8% de los beneficios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56 que correspondía a la formula derogada”, dijo el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al presidente Alberto Fernández y a la titular del PAMI, Luana Volnovich.
Los funcionarios detallaron que el costo fiscal de la medida es neutra teniendo en cuenta el bono de $5.000.
Ante dicha decisión gubernamental, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo que está preparando una medida cautelar para dejar sin efecto la misma. La presentación para declarar la inconstitucionalidad del aumento jubilatorio sería presentada después del carnaval. Semino, lo hará a través de una acción colectiva para que puedan adherirse todos los jubilados que sientan perjudicado su derecho.
El anuncio hecho por el Gobierno pondría en jaque dos pilares esenciales del sistema de seguridad social: la proporcionalidad y la equidad. En base a esto, la polémica en torno al aumento se ha desatado con furia.
Por su parte, Soledad García, legisladora del Frente de Izquierda, estuvo en Palabras Cruzadas y se refirió a la medida que está en el ojo de la tormenta.
“Alberto habla de una ley de solidaridad que no tiene nada de solidario para los jubilados”, sentenció la legisladora. Además indicó que “es una confiscación a los jubilados para pagar la Deuda Externa”, y añadió que “todo esto forma parte de una política que no establece la jubilación con caracter de salario diferido sino como una asignación para la vejez nivelando a todos para abajo, quieren a todos los jubilados con la mínima.”
