“El Estado no tiene la capacidad para prestar el servicio de Internet, el cual requiere de muchísimas inversiones en dólares”, comienza explicando Walter Giannoni en su columna sobre economía en Pato a la Mañana, al respecto del anuncio del presidente Alberto Fernández quien aseguró que el mismo pasará a ser un servicio público “para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”.
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“El presidente habla de regular el servicio del Internet y que el Estado tenga mayor participación en las decisiones, y lo empezó a hacer”, señala, recordando que el 21 de agosto del 2020 Fernández sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia (N° 690), que establecía que desde ese momento los precios iban a ser regulados por el Estado, y que las empresas de servicio de telefonía e internet debían prestar un servicio básico universal.
“En ese momento, las empresas prestatarias de telefonía, televisión por cable e internet dijeron que el decreto no era constitucional, porque sus tarifas fueron establecidas bajo otro marco regulatorio”, indica. El 1 de mayo de este año, la empresa Telecom -que había recurrido a la Justicia- obtuvo una medida cautelar favorable que dejaba en suspenso aquel DNU.
Cabe señalar que de esta medida no solamente afecta a las empresas prestadoras más grande y que poseen más clientes, sino que también llega a aquellas pequeñas industrias y cooperativas que brindan sus servicios a ciudades y comunas más pequeñas, donde las más grandes no llegan.
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