Buscan la capacitación de agentes estatales sobre crímenes de Lesa Humanidad

El proyecto presentado en la Unicameral busca la eliminación y eventual sanción del negacionismo, consentimiento de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra.
El proyecto presentado en la Unicameral busca la eliminación y eventual sanción del negacionismo, consentimiento de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Un proyecto de ley presentado por los legisladores Nadia Fernández, Diego Hak, Juan Jose Blangino y Maria Adela Guirardelli (del bloque Hacemos Por Córdoba), tiene como objetivo capacitar a todos las y los agentes de los tres poderes del Estado en el conocimiento y concientización acerca de la importancia de la plena vigencia de los Derechos Humanos. La propuesta, al mismo tiempo, busca la eliminación y eventual sanción de cualquier tipo de negación, justificación, consentimiento, promoción y/o aprobación de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra.

La impulsora del proyecto de ley fue la legisladora Nadia Fernández, en un trabajo conjunto con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, a raíz de expresiones que reivindicaban los delitos de lesa humanidad proferidos por la legisladora Patricia de Ferrari.

“Con esta propuesta queremos brindar no solo conocimientos sino también herramientas concretas orientadas al fortalecimiento de las capacidades de todos aquellos y aquellas que se desempeñan en la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado, para que incorporen en forma transversal la perspectiva sobre derechos humanos en su ámbito de trabajo”, expreso Fernández.

Cabe recordar que durante el mes de octubre, la legisladora de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari, difundió un tuit con expresiones donde reivindicaba el terrorismo de Estado que señalaba: "Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes como mecanismo para "impartir justicia" a la medida ideológica de Grabois y compañía?"

Tras dichas expresiones, la Legislatura de Córdoba dispuso la suspensión por seis meses sin goce de sueldo de la legisladora, a quien se le impidió ocupar cargos en la Legislatura ni representar al cuerpo en actos públicos hasta que finalizara su mandato.