Suspendieron el juicio por la nacionalización de YPF

La jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló hoy en favor del pedido de la República Argentina de suspender el juicio de los denominados casos Petersen y Eaton Park Capital, por la nacionalización de YPF. El juicio fue suspendido hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo, según informaron a Télam fuentes oficiales.

El lunes, la República Argentina y la empresa YPF solicitaron a la jueza de primera instancia la suspensión del inicio del juicio por la nacionalización de la petrolera que motivó la demanda del fondo de inversión Burford, en poder de los derechos de litigio de ambas compañías, ex accionistas de YPF.

La resolución de Preska de hoy respaldó la postura argentina a pesar de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por segunda vez, dio vía libre a la magistrada para dar inicio al juicio.

En su presentación, los abogados de la Argentina pidieron a la magistrada que más allá de la negativa de la Corte de Apelaciones a suspender el caso, la parte demandante desea que siga en suspenso en el tribunal de Preska, hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre la jurisdicción del caso.

Se trata de un recurso de "certiorari" (presentación directa) que tiene pendiente la Corte Suprema, en el que la Argentina plantea la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos, con el apoyo de México, Chile, Brasil y Colombia.

A partir de ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido argentino respecto de la jurisdicción. "El Gobierno de Trump está preparando su opinión, debería entregar un escrito no vinculante antes de septiembre", indicó en su cuenta de Twitter, Sebastián Maril, analista especializado en temas de deuda argentina.

El caso por la nacionalización de YPF no es el único juicio que el Estado Argentino tiene con la jueza Preska, ya que entre otros, se destacan aquellos sin resolver del default del año 2002 y un reclamo vinculado con bonos con rendimiento atado al PBI argentino, emitidos en 2005 bajo la gestión del entonces ministro Lavagna.