Sesma denunció alianza entre Llaryora y el Surrbac

La exconcejala aseguró que los exfuncionarios de Mestre procesados "son perejiles".
La exconcejala aseguró que los exfuncionarios de Mestre procesados "son perejiles".

La basura en Córdoba, un negocio costoso bajo sospecha. Desde hace tiempo, investigan un triángulo de corrupción integrado por exfuncionarios de la gestión de Ramón Mestre, el gremio Surrbac y Cotreco, empresa que ya no presta servicio de recolección de residuos.

Laura Sesma, exconcejala socialdemócrata, aseguró a El Doce: “Fui de las primeras que dije que para acabar con la basura política en la ciudad había que acabar con la basura política, empresarial y no solo gremial”.

En los últimos días, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba amplió las imputaciones a un grupo de 11 exfuncionarios del exintendente radical Ramón Mestre por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y evasión. Al tiempo que el juez Ricardo Bustos Fierro autorizó a Mauricio Saillén a volver a ser secretario general del gremio.

Mientras la Justicia Federal de Córdoba avanza con la investigación, Sesma cuestionó a la actual gestión municipal por no realizar auditorías ni presentar pruebas y denunció que existe una alianza entre el intendente Martín Llaryora y el Surrbac.

“Es evidente que hay una alianza política para que este grupo mafioso sirva políticamente, territorialmente en las próximas elecciones”, sentenció la exconcejala. Y agregó: “El acuerdo está en que en su momento el ente COyS (Córdoba Obras y Servicios) tomó una serie de tareas que eran de las áreas operativas mientras Llaryora se enfrentaba al Suoem, se alió con este grupo”.

Además, Laura Sesma consideró que “es correcta la ampliación de las imputaciones” a los exfuncionarios municipales, pero sostuvo que “son perejiles, gente que ponía la firma”. “La gente que estaba a cargo de Crece y del Esyop, como pasa hoy, es gente puesta por el gobierno de turno, concretamente por el intendente, y en general reciben órdenes”, agregó.

Sobre eso, insistió en que estas empresas o entes autárquicos “son armados como escudos de impunidad para que termine procesado el que firmaba y no el que daba órdenes, que a veces es la máxima autoridad de la Municipalidad”.

Fuente: El Doce

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