El oficialsimo del Senado consiguió este jueves. dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de góndolas que ordena la exhibición de productos en los supermercados, iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que sería debatida en el recinto después del 1 de marzo.
El oficialismo firmó el despacho tras una breve reunión de la Comisión de Legislación General, que se constituyó previamente y designó como presidenta a la kirchnerista correntina Ana Almirón, secundada por Silvia Giacoppo (UCR). “El espíritu de la ley es muy bueno, pero sabemos que se puede mejorar”, planteó la radical Pamela Verasay, quien pidió posponer el dictamen una semana, “no de manera caprichosa, sino para aportar al proyecto”.
En nombre del oficialismo, María de los Ángeles Sacnun recordó que la iniciativa “fue votada ampliamente en Diputados” -recibió 182 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones-, por lo que consideró que “la discusión está absolutamente saldada”.
“Vengo de ser diputado y sé que es una ley que se trató mucho y con mucho trabajo y consenso. Es imperioso que la #LeyDeGóndolas salga pronto así el gobierno ya puede comenzar a implementarla”, expresa @ElOsoLeavy
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 18, 2020
En concreto, el proyecto de Ley de Góndolas propone una serie de medidas para el fomento de la competencia en los estantes de los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.
Además, establece que en las categorías alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador las marcas de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 40% de la góndola en el primer año de implementación de la medida, y no más del 30% a partir del segundo año. Esto tiene por objetivo fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y en consecuencia lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.
Los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.
La normativa, que deberá implementarse en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada en el Senado, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país.
