La norma tiene como objetivo beneficiar a las empresas nacionales, en particular a las pymes. La ley les otorga una preferencia al momento de la adjudicación de la licitación de una compra del Estado de hasta un 15 % para las pymes y las cooperativas, y de un 5% a 8% para las grandes empresas.
Un bien es considerado de origen nacional cuando “ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción”, según explica la norma sancionada.
La legislación tiene mucha relevancia, al menos en el plano ideal, ya que las compras públicas hoy representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio Producción.
