Se cumplen 29 años de una mañana de terror. El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, en la localidad cordobesa de Río Tercero, se produjo una explosión de la Fábrica Militar de Armamentos que dejó 7 fallecidos y más de 300 heridos. La causa sigue impune y continua el reclamo de justicia por el devastador siniestro.
Aquel tercer día de noviembre, alrededor de 20 mil proyectiles salieron despedidos dejando a la ciudad bajo escombros, dolor y desolación. Decenas de viviendas y autos terminaron en ruinas, mientras que toda el área urbana quedó llena de esquirlas y municiones de guerra.
Los lugares más afectados por la explosión fueron los barrios linderos a la fábrica: Cerino, Libertador, Las Violetas y Escuela, entre otros. La población era de 44 mil habitantes y al menos 6 mil fueron evacuadas por autoridades y otras autoevacuadas. Al tiempo y afectados por el temor, el 10% emigró de la ciudad por posibles nuevas explosiones.
Víctimas de la trágica explosión de Río Tercero
Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela, fueron las siete víctimas fatales del estallido. Las siete personas que perdieron la vida eran ajenas a la fábrica, al igual que los heridos.
1995, Presidencia de Carlos Saúl Menem
El presidente Carlos Saúl Menem viajó ese día a la ciudad y brindó una conferencia de prensa para “brindar seguridad a la población”. No fue así. El mandatario aseguró que la catástrofe fue un accidente, pero el pueblo no creyó en esa versión.
Cuando los periodistas le consultaron si la posible causa era un atentado, el ex jefe de Estado contestó: “Le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”.
Sin embargo, las palabras del entonces presidente no dieron satisfacción ya que su gobierno no habría sido el más confiable en materia de seguridad. Además, el dolor y miedo persistía luego de la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983.
La pelea por la verdad y la justicia
El 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dictaminó condenas de entre 10 y 13 años por el delito de “estrago doloso seguido de muerte” para cuatro imputados por la voladura de la fábrica: los condenados a 13 años de prisión fueron el exdirector de Fabricaciones Militares, Edberto González de la Vega; Carlos Franke, quien también integraba la Dirección del organismo; y el exdirector de la fábrica de Río Tercero, Jorge Antonio Cornejo Torino. Para el jefe del área Mecánica, Marcelo Gatto, fueron diez años de cárcel.
Según determinó la Justicia, se trató de un atentado para encubrir la venta por contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Nada tuvo que ver con un supuesto “accidente” como afirmó Menem, quien también salió implicado en la causa.
El ex jefe de Estado, Carlos Saúl Menem, fue sentenciado a siete años de prisión, aunque nunca fue a la cárcel porque tenía fueros en el Congreso ya que era senador.
¿Por qué Menem fue sentenciado?
En los largos años de juicio, la responsabilidad de Menem se demostró ya que no pudo desconocer la maniobra por la cual se quiso ocultar el faltante de material bélico en la repartición militar.
Cuando Menem falleció el 14 de febrero de 2021 en el Sanatorio de los Arcos, donde estaba internado por una infección urinaria, la ciudad de Río Tercero no adhirió al duelo nacional decretado por el entonces mandatario Alberto Fernández y, a su vez, lo habían declarado persona no grata meses antes.
“El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem”, recordó la ciudad, gobernada por el radical de Juntos por el Cambio, Marcos Ferrer.
Y agregó: “Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”.
Con los años, alrededor de 10 mil personas presentaron demandas por daños psíquicos, morales y perjuicios contra el Estado argentino, que estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares.
