Entre sus puntos principales, la normativa determina que los establecimientos deberán garantizar un 25 por ciento de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y sectores de la economía popular.
La ley, que deberá implementarse en un plazo de 60 días, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país.
Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos -canales de venta que concentran alrededor de 70 por ciento de las ventas minoristas-, quedarán excluidos, establece la normativa.
La ley comprende a los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.
El objetivo de la normativa es fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.
