Roberto Dromi, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Carlos Menem, falleció este fin de semana a los 79 años debido a complicaciones derivadas de su estado de salud. El nombre de Dromi, quien fue una de las figuras más influyentes del ciclo político y económico de los años '90 en Argentina, permanecerá indeleblemente asociado a la reforma del Estado y las privatizaciones que definieron la política económica de esa década.
Nacido en Mendoza el 11 de abril de 1945, Dromi comenzó su carrera política en tiempos de la última dictadura militar, cuando fue designado intendente de la ciudad de Mendoza entre 1980 y 1981. Aunque su paso por la gestión local fue breve, lo marcó como un hombre de confianza dentro de las estructuras del poder. Tras el regreso de la democracia en 1983, se trasladó a Buenos Aires y se desempeñó como asesor jurídico en las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación entre 1983 y 1989.
Fue en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Dromi alcanzó una prominente posición en la política argentina. Designado como Ministro de Obras Públicas, rápidamente se convirtió en una de las figuras clave de la administración menemista, ocupando un rol fundamental en la elaboración y ejecución de las políticas de privatización que cambiarían el rostro del país para siempre.
En su rol como ministro, Dromi se alió estrechamente con Rodolfo Barra, quien sería su subsecretario de Obras Públicas y luego juez de la Corte Suprema. Juntos redactaron la Ley 23.696 de Reforma del Estado, sancionada en 1989, que abrió las puertas a la venta de empresas públicas y la concesión de servicios estratégicos al sector privado. La ley, un pilar de la política menemista, habilitó la privatización de empresas de telecomunicaciones, gas, energía, ferrocarriles y la petrolera YPF, entre otras.
La privatización de YPF, el emblema de la política energética de la Argentina, fue quizás el proceso más emblemático de todos. Bajo la dirección de Dromi, el Estado argentino vendió el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol en una transacción que generó importantes ingresos para el país, pero que también desató intensos debates sobre su conveniencia y sus consecuencias a largo plazo para la soberanía energética del país.
La frase de Dromi “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” se convirtió en el lema no oficial de la reforma privatizadora que llevó adelante el gobierno de Menem. La implementación de este enfoque desató un proceso de desmantelamiento del aparato productivo estatal y de concesión a empresas privadas de servicios esenciales, desde las telecomunicaciones hasta los ferrocarriles.
Dromi fue también el responsable de la estructuración jurídica de las concesiones que permitieron la privatización de servicios públicos. A través de contratos de concesión, el gobierno de Menem entregó la administración de sectores clave a empresas privadas, lo que generó profundas transformaciones en la infraestructura del país. La Argentina, durante esa década, pasó de tener un sector público controlador de gran parte de la economía a un país donde los servicios de agua, electricidad, gas, transporte y comunicaciones eran gestionados por firmas privadas nacionales e internacionales.
A pesar de su rol clave en el proceso de modernización, las políticas de Dromi no estuvieron exentas de controversias. Su accionar fue cuestionado en varias ocasiones por su vinculación con prácticas que algunos consideraron corruptas. En particular, fue investigado por su presunta implicancia en el cobro de coimas vinculadas al cobro de peajes en rutas concesionadas a empresas privadas, aunque nunca se llegó a una condena firme en su contra.
Mi solidaridad con la familia de Roberto Dromi. Ayer por la noche falleció un jurista notable, especializado en Derecho Administrativo.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 24, 2024
Siempre lo consideré un amigo.
Uno de los episodios más polémicos fue la denuncia sobre la cesión irregular de un campo de 240 hectáreas en General Pacheco a la empresa Telecom, en la que también estuvieron involucrados otros funcionarios del gobierno. La causa derivó en un embargo de 108 millones de pesos sobre sus bienes, aunque esta investigación también fue finalmente archivada, sin que se dictara una condena definitiva.
En los últimos años, Dromi también fue señalado en un caso relacionado con la importación de un barco con GNL (Gas Natural Licuado) desde Trinidad y Tobago. En esta causa, la empresa ENARSA pagó 2,5 millones de dólares por el servicio de abastecimiento de gas, y Dromi fue investigado por posibles irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, en 2023, el juez federal Julián Ercolini dictó un fallo absolutorio que determinó que no había elementos suficientes para afectar el "buen nombre y honor" del exministro, y el caso fue cerrado definitivamente.
El legado de Roberto Dromi está marcado por la polarización. Para muchos, fue un hombre visionario que supo entender las necesidades de un país que atravesaba una grave crisis económica y que llevó a cabo reformas audaces y necesarias para modernizar el aparato productivo y las infraestructuras del país. Para otros, fue un artífice de un proceso que favoreció a los grandes grupos económicos, despojando al Estado de su capacidad para administrar sectores estratégicos y exacerbando las desigualdades sociales.
Las privatizaciones de los 90 cambiaron para siempre la estructura económica de la Argentina. En términos de infraestructura y telecomunicaciones, el país avanzó significativamente, pero la pobreza aumentó y la deuda externa creció de manera exponencial. Las tarifas de los servicios públicos, en su mayoría concesionados a empresas privadas, se incrementaron drásticamente, lo que generó un fuerte malestar social que perdura hasta hoy.
En sus últimos años, Dromi permaneció alejado del escenario político, aunque nunca dejó de ser una figura polémica y consultada por medios y analistas sobre el impacto de las privatizaciones en la economía argentina. A pesar de las críticas y de las investigaciones en su contra, Dromi siempre se defendió señalando que las reformas que implementó fueron necesarias para sacar al país de la crisis que atravesaba en los años 80 y 90.
