Rechazaron la elevación del caso Neonatal al fuero Anticorrupción

Lo determinó el fiscal Raúl Garzón en respuesta al pedido de los defensores del ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y la ex directora del hospital, Liliana Asís.
Lo determinó el fiscal Raúl Garzón en respuesta al pedido de los defensores del ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y la ex directora del hospital, Liliana Asís.

Los abogados defensores de los ex funcionarios provinciales acusados en la causa que investiga las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal habían solicitado al fiscal del caso, Raúl Garzón, que se pase al fuero Anticorrupción. Pero el letrado a cargo rechazó esta posibilidad, sosteniendo que existe “comunidad de prueba” y “conexidad” entre la investigación principal, por los asesinatos de cinco recién nacidos y otros ocho casos más de tentativas de homicidio con la búsqueda de establecer si hubo delitos de omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en la parte de los funcionarios.

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El planteo había sido efectuado principalmente por el abogado Franco Vitozzi, quien representa a la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, consensuado y acompañado por los defensores de los funcionarios imputados en la causa, con el exministro de Salud provincial Diego Cardozo a la cabeza. Todas las personas que se desempeñaban en el área pública están imputados por el delito de "omisión de los deberes del funcionario público".

Entre sus fundamentos, Garzón sostuvo que “Los hechos incriminados a los funcionarios tienen su base en las muertes y tentativas incriminadas a (Brenda) Agüero. Es decir, el reproche penal tiene como eje el haber omitido ilegítimamente realizar, en tiempo oportuno, lo que se oficio y calidad funcional les imponía, toda vez que intencionalmente no habrían judicializado 11 de los 13 casos imputados a la enfermera para que se investigaran y conocieran las efectivas y eficientes causas médicas de las muertes y descompensaciones sin causa evidente de los recién nacidos”.

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Y continúa: “La respuesta judicial debe ser integral, con una investigación y un enjuiciamiento único de todos los responsables”, a lo que suma que “Nada justifica la intervención ni un juzgamiento especial de los funcionarios, quienes deberán ser, en caso de corresponder, juzgados como cualquier ciudadano ya que se involucran en delitos comunes y de altísima gravedad”

Fuente: La Voz