El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ofreció a su par porteño Claudio Bonadio acceso a la investigación por supuesto espionaje ilegal en la que está imputado el fiscal Carlos Stornelli.
Además, entre otras medidas de prueba ordenadas hoy, Ramos Padilla requirió a otro juez de Comodoro Py 2002, Sebastián Casanello, el envío de las copias de todas las declaraciones del arrepentido de la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña.
El juez de Dolores también citó como testigo en la causa para el próximo jueves 4 de abril al abogado Gabriel Bouzat, ex socio en un estudio jurídico del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. A Bonadio, juez a cargo de la causa de los cuadernos, Ramos Padilla le remitió un oficio a raíz de un supuesto pedido del magistrado porteño al Congreso Nacional para acceder a la versión taquigráfica de la exposición del juez de Dolores ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
“Atento su interés en conocer lo que expuse en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, en orden a una causa que está bajo mi dirección y que no está bajo secreto de sumario, pongo a su disposición las actuaciones de referencia para que pueda consultarlas, si así lo estima necesario”, le escribió Ramos Padilla a Bonadio. Esto permitiría al juez del caso cuadernos “evacuar de este modo cualquier duda en relación con su trámite y su objeto, para de este modo no forzar la confidencialidad y reserva de aquella reunión”.
“Le hago saber que en la presente causa el principal objeto de investigación consiste en la actuación de una organización criminal -cuyas dimensiones, vínculos, integrantes y usuarios aún se están determinando- dedicada a realizar múltiples planes delictivos en distintas jurisdicciones del país a partir del espionaje ilegal e ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico”, agregó Ramos Padilla en el oficio cursado a Bonadio.
En lo referido a la actuación de jueces y fiscales, “existen diversos elementos probatorios que darían cuenta que esta organización habría actuado con la complicidad de algunos magistrados que se habrían servido de las maniobras vinculadas al espionaje ilegal para llevar adelante sus funciones”.
