El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba comenzará este martes a escuchar los alegatos previos al fallo en el juicio a tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979 durante la última dictadura, entre ellos Ernesto “Nabo” Barreiro, quien desató la rebelión militar de Semana Santa en 1987.
El juicio buscará hacer justicia con tres víctimas: Rubén Amadeo Palazzesi, Nilveo Cavigliasso y José Jaime Blas García Vieyra, secuestrados en agosto de 1979.
El 12 de agosto de 1979 Palazzesi y García Vieyra fueron detenidos en barrio Parque Vélez Sardfield. Los jovenes viajaban en un auto cuando un grupo de militares los abordó y fueron llevados a la casaquinta de Guiñazu, la cual era utilizada por el destacamento de Inteligencia 141 como centro clandestino durante 1977 y1982. Diez días después fue detenido Cavigliasso, cuñado de Palazzesi.
El 25 de agosto llegaron a la casa quinta un grupo de torturadores de la ESMA. Palazzesi murió ese mismo día tras recibir innumerables torturas con golpes y picanas eléctricas . Los represores quemaron el cuerpo de Palazzesi en el interior de un auto y presentaron el hecho como “intento de fuga” y posterior accidente automovilístico. Garcia Vieyra y Cavigliaso fueron sobrevivientes del acontecimiento. Ambos fueron puestos en libertad en 1981.
Los represores, condenados por causas anteriores y en prisión domiciliaria, presenciarán la audiencia a través de un sistema digital desde sus hogares, al igual que las anteriores. Los acusados Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz afrontan cargos por “privación ilegítima de la libertad agravada”, “imposición de tormentos agravados” e “imposición de tormentos agravados seguidos de muerte”.
Durante el juicio dieron su testimonio en calidad de testigos Cristina Guillén, esposa de Palazzesi; su cuñada, Stella Maris Palazzesi, quien además es viuda de Cavigliasso; Silvio Octavio Viotti, hijo del propietario de la quinta donde se habrían perpetrado las torturas, y George Saadé, cuñado de Palazzesi.
La semana pasada se realizó una inspección judicial en la Quinta de Guiñazú, propiedad de la familia Viotti, que fue apropiada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura es considerada el último campo de concentración de Córdoba durante el gobierno de facto.
