El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el supuesto cobro de sobornos por una licitación para la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA, adjudicadas a la firma Odebrecht, entre otras, y al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como supuesto intermediario. El magistrado también procesó por cohecho pasivo a los detenidos Roberto Baratta, ex secretario de coordinación del ministerio de Planificación Federal, y a José López, ex secretario de Obras Públicas, además de los ex funcionarios de AYSA, Carlos Ben y Raúl Binacuzzo. El magistrado entendió que los funcionarios recibieron coimas de parte de los empresarios que realizaron las obras, quienes ya habían sido procesados por defraudación y hoy quedaron procesados por cohecho activo.
La licitación para realizar la planta Paraná de las Palmas fue ganada por una unión transitoria de empresas (UTE), conformada por la brasileña Odebrecht y por Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. La licitación de la obra del Bicentenario fue ganada por la firma brasileña Camargo Correa, que conformó una UTE con la argentina Esuco SA, cuyos directivos también fueron procesados.
El juez procesó, bajo la acusación de haber pagado sobornos, a los empresarios Carlos Wagner (Esuco SA), Aldo Roggio (Benito Roggio) y Tito Biagini (Cartellone) y solicitó la extradición de nueve ejecutivos de brasileños de Odebrecht y Camargo Correa. Además de Rodríguez, el magistrado procesó como intermediarios en la recepción de pago de sobornos a contadores argentinos y a tres profesionales uruguayos que participaron de la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading S.A., una sociedad offshore radicada en Montevideo, que recibía transferencias de Odebrecht.
Para el juez Casanello, las licitaciones fueron direccionadas en favor de las dos UTE que ya estaban seleccionadas desde antes de la adjudicación de las obras, y se desnaturalizó el proceso de selección. Se determinó también que el Estado realizó concesiones a las empresas que terminaron por perjudicar las arcas públicas: los presupuestos y los plazos de las obras se duplicaron. En esta causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y el fiscal Federico Delgado habían reclamado la indagatoria del “Corcho” Rodríguez luego de que la justicia uruguaya confirmara que la firma Sabrimol, vinculada al empresario, había recibido transferencias de cuentas que utilizaba Odebrecht para pagar sobornos.
