El miércoles, sin consulta previa ni debate de ningún tipo, el Gobierno de Córdoba avanzó a través de la Legislatura en la modificación de la Ley de Ambiente 10.208. El proyecto fue propuesto por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a cargo de Juan Carlos Scotto, y firmado por el Gobernador Juan Schiaretti. En términos prácticos, esto significa menos exigencias para loteos, silos y la instalación de antenas telefónicas a la hora de presentar estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas.
El texto se modifico de tal manera que cambiaron algunos rubros del anexo I donde se enumeran los proyectos sujetos obligatoriamente a un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Entre ellos está la factibilidad de hacer loteos, instalar silos para el acopio de granos y la afectación con infraestructura en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas.
También propone cambios en el anexo II, el cual enumera los proyectos que deben estar sometidos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental. Entre ellos figura la instalación de antenas de telefonía celular.
Ante la sanción de los cambios, sectores relacionados al ambientalismo advirtieron sobre la falta de participación ciudadana en el proceso y también la rapidez con la que se aprobó el proyecto impulsado desde el Ejecutivo Provincial.
Organizaciones ambientales denunciaron que dichos cambios fueron hechos por la Provincia a espaldas de la ciudadanía, sin cumplir con la información y participación ciudadana impuestos por el Acuerdo de Escazú y violando el Principio de Progresividad impuesto por el artículo 4° de la Ley General del Ambiente 25.675. Y que los verdaderos fines que persigue el oficialismo con la modificación de la norma es beneficiar a proyectos de desarrollo inmobiliario, agrícola y de telefonía celular.
Federico Kopta, biólogo y miembro del Foro Ambiental Córdoba, manifestó que el tratamiento de la ley en la sesión de ayer “terminó siendo un trámite”. En diálogo con Pensavalle Informa por Radio Universidad, agregó que: “Tendría que haberse generado un proceso de participación ciudadana, tal como está obligado en ley vigente a nivel nacional”.
