El presidente Alberto Fernández y otros miembros del Gobierno nacional se entusiasman con el proyecto de ley de Sergio Massa de convertir “planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social” en “trabajo formal de calidad, mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas”. ¿Puede una ley lograr ese objetivo? ¿Qué más se necesita? ¿Los beneficiarios de esos sistemas son los que busca el mercado laboral?
El proyecto plantea que se podrán mantener los beneficios por 12 meses aún si consigue un trabajo formal, con la condición de tomar cursos de formación y capacitación en organizaciones sociales. La empresa podrá acceder a una condonación de deudas previsionales y obtener una reducción de hasta 100% del pago de contribuciones patronales por hasta 24 meses con un tope de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y de cinco a 20 empleados por empresa, según el tamaño.
Los incentivos que ofrece la iniciativa son insuficientes; la propuesta abarca a las contribuciones al sistema jubilatorio por lo que el ahorro corriente en costo laboral es de hasta 7,4%. Además, entre los requisitos está no reducir el empleo por al menos dos años, lo que es una forma de aumentar aún más los ya elevadísimos costos de despido.
En un contexto en el que las cargas laborales incrementan el costo laboral por al menos un 50% por encima del salario de bolsillo, la rebaja aporta poco. Por tanto, el costo de pasar a la formalidad una relación laboral informal seguirá siendo muy elevado.
Más allá de los costos, salen a la luz problemas al considerar el perfil de empleabilidad de los beneficiarios de planes y programas sociales. El 95% de ese universo (Gráfico 1), que trabaja o busca trabajo, tiene un nivel educativo medio y bajo (a lo sumo completaron el secundario). Es una característica que reduce sus perspectivas de inserción laboral.
Si se considera ese aspecto en los ocupados formales, hay una mayor inserción de quienes cuentan con un nivel educativo medio y alto. La tendencia a una creciente exigencia en los requerimientos de educación en el sector laboral formal se profundizó en la fase de recuperación tras la pandemia. En ese período la contratación de trabajadores con estudios universitarios completos explica el 91% del aumento del empleo formal desde el segundo trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de este año.
Gráfico 1: Distribución de los beneficiarios de planes sociales y ocupados formales por nivel educativo
Primer trimestre de 2021
En el caso de los trabajadores formales de la industria y la construcción -dos sectores en los que se focaliza el proyecto de Massa- el nivel educativo es más similar al de los beneficiarios de planes sociales. El punto en este segmento, es el género.
El 83% de los beneficiarios son mujeres y el 85% de los ocupados en industria y construcción son hombres. Sólo 17% de quienes reciben planes, lo son (Gráfico 2). Las perspectivas de inserción laboral femenina se debilitaron aún más con la pandemia, al punto de que el empleo de hombres representa el 89% de la creación neta de empleo desde el segundo trimestre de 2020.
El análisis del Instituto de la Bolsa de Comercio señala que quienes realizan tareas elementales y los artesanos y trabajadores de oficios, representan el 82% de los ocupados informales beneficiarios de planes (Gráfico 3).
Esos grupos no llegan a representar el 30% del empleo formal y, además, se registra una destrucción neta de empleo aún en la fase de rebote de la actividad económica tras el segundo trimestre del año pasado. En este contexto, las perspectivas de formalización de esos beneficiarios se acotan.
Gráfico 3: Distribución de los beneficiarios de planes y programas sociales por grupo de ocupación
Primer trimestre de 2021
Síntesis
En un contexto donde la creación de nuevos puestos formales se concentra en trabajadores de alta calificación y nivel educativo, las perspectivas de empleabilidad de quienes reciben planes y programas sociales son muy limitadas.
Es así aún en los sectores que más aportaron a la generación de empleo formal en el año, como la industria y la construcción.
Sin una reforma estructural a la institucionalidad laboral que reduzca de forma permanente los elevados costos para las empresas que ocasionan las altas cargas laborales y los costos de despido, y sin esfuerzos sustanciales para mejorar la formación y capacitación de la fuerza de trabajo para adaptarla a las nuevas demandas será difícil mejorar la empleabilidad y las chances de generar trabajos de calidad en forma masiva.
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Dr. Lucas Navarro
Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba
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