El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, reclamó hoy la “inmediata detención” de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por “administración fraudulenta agravada”, al pedir que se los vuelva a procesar por este delito.
Además, el fiscal ante el máximo tribunal penal del país reclamó que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray también quede procesado como autor de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública” en la investigación por el no pago de $ 8.000 millones en el impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera Oil Combustibles, según el escrito al que accedió Télam.
Pleé evitó finalmente reclamar la prisión preventiva para Echegaray, como sí había propuesto su colega ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, por entender que ese aspecto no formó parte de los incidentes presentados.
Las maniobras constatadas en la investigación destinadas a eludir la inhibición general de bienes de los empresarios dan cuenta de “la existencia de riesgos procesales que justifican por sí mismos” la prisión preventiva para López y De Sousa, sostuvo Pleé.
Por su parte, la AFIP, querellante en la causa, también presentó un escrito ante la sala uno del máximo tribunal penal del país en el que pidió que los tres procesados sean procesados por “administración fraudulenta” y se revoque la figura de “retención indebida de aportes”.
Además, el abogado del organismo, Ricardo Gil Laavedra, sostuvo que debe anularse el fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y pidió que se fijen embargos superiores a los 10 millones de pesos.
El abogado defensor de los empresarios, Carlos Beraldi, pidió por su parte que Casación rechace las apelaciones y deje firme el fallo de Farah y Ballestero que cambió el delito a “retención indebida de aportes”, y excarceló a López y De Sousa.
Beraldi sostuvo que no es un tema en el que debe intervenir Casación porque no se trata de una sentencia definitiva. Los camaristas Gustavo Hornos, Ana Maria Figueroa y Eduardo Riggi tienen cinco días hábiles para tomar una decisión.
Los jueces habían fijado una audiencia oral para las 11 pero todas las partes, incluida la defensa de López y De Sousa, presentaron escritos durante la mañana y optaron por no exponer verbalmente, con lo cual quedó anulada la convocatoria.
“En forma paralela al incumplimiento fiscal y los sucesivos planes de facilidades de pago, Oil Combustibles SA financiaba a otras empresas del Grupo Indalo”, remarcó Pleé sobre el no pago del impuesto a los combustibles líquidos desde mayo de 2013 a agosto de 2015.
Pleé advirtió que “el análisis de los estados contables de OIL Combustibles SA indicaría que era utilizada por sus propietarios para financiar a las otras empresas del Grupo Indalo”.
Echegaray, como titular de la AFIP, “otorgó en forma ilegal los planes particulares” de pago a los empresarios.
El ex funcionario “ya sea por acción (otorgamiento de planes particulares) u omisión (acogimiento a planes generales) habría beneficiado a los dueños de Oil, a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago, permitiéndoles prorrogar sistemáticamente la obligación de ingresar ese tributo, en perjuicio del fisco”, agregó Pleé
Echegaray, “con el fin de procurar un lucro indebido de terceros, violando los deberes a su cargo, posibilitó que López y De Sousa postergaran sus obligaciones fiscales y financiaran con el dinero del iCL a otras empresas del grupo Indalo”, advirtió la fiscalía.
Los empresarios dueños del grupo Indalo fueron detenidos por orden del juez del caso, Julián Ercolini, en la causa donde ya estaban procesados por administración fraudulenta a raíz de maniobras que, para los acusadores, buscaban eludir la inhibición general de bienes que les impide traspasar el control o administración de sus empresas.
Pero la sala I de la Cámara Federal porteña -con los votos de Ballestero y Farah y oposición del camarista Leopoldo Bruglia- revocó las prisiones preventivas y, además, cambió la calificación del delito a “retención indebida de aportes”, una acusación más leve que podría derivar en el cierre del caso si se paga lo adeudado.
Por este fallo, Farah y Ballestero son investigados en el Consejo de la Magistratura.
Farah pidió su traslado a otro Tribunal -cuestión que hoy recibió el aval de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura y aguardaba ahora una definición del plenario- y Ballestero comenzó una licencia de 20 días que solicitó alegando “razones de salud”.
