La cuestión de privilegio planteada contra Patricia De Ferrari Rueda derivó este miércoles en la suspensión por seis meses de la legisladora del bloque Juntos por el Cambio.
El tratamiento tuvo lugar debido a una publicación llevada a cabo el pasado 22 de octubre en la red social Twitter por De Ferrari Rueda y que suscitó un amplio rechazo, no solo en la provincia sino también en el plano nacional.
La solicitud llevó las firmas de las legisladoras Nadia Fernández, Graciela Manzanares, Victoria Busso, María Emilia Eslava, Tania Kyshakevych, Mariana Caserio, María Laura Labat, Liliana Abraham, Natalia Martínez, Adela Guirardelli y Carmen Suárez.
La petición se apoya en el artículo 129 del Reglamento Interno de la Legislatura, cuando señala en su inciso 1º que “se consideran Cuestiones de Privilegio” a “las que afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos”.
Según informó la Unicameral, también halla fundamento en el artículo 99 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que afirma que “la Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación”.
