La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio una causa que involucra a 32 personas imputadas por integrar una presunta asociación ilícita dedicada a cometer estafas telefónicas durante la pandemia de Covid-19. Según la investigación, la organización operaba desde el establecimiento penitenciario de Bouwer y engañaba a víctimas haciéndose pasar por personal de organismos estatales, principalmente de la Anses.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía de Instrucción de 27ª Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, en el marco de la causa denominada “Abugauch Fátima Yamila, Asociación ilícita y estafa reiterada”.
Cómo funcionaba la maniobra
Los internos realizaban llamadas telefónicas en las que simulaban ser empleados públicos y ofrecían supuestos beneficios económicos. Entre los argumentos más utilizados figuraban pagos vinculados a la Reparación Histórica para jubilados y al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) implementado durante la pandemia.
Las víctimas, en su mayoría residentes de la provincia de Río Negro, eran convencidas de concurrir a cajeros automáticos para completar el trámite. Allí, siguiendo instrucciones de los estafadores, realizaban operaciones bancarias que no comprendían o gestionaban préstamos a su nombre. Los fondos eran luego transferidos a cuentas controladas por otros miembros de la organización fuera de la cárcel.
Imputados y detenidos
Del total de imputados, 13 permanecen privados de la libertad y cuatro mujeres cumplen prisión domiciliaria por razones familiares contempladas en la legislación vigente. Además, se determinó que dos de los acusados ya cumplían condenas por otros delitos cuando participaron de las maniobras fraudulentas.
La causa ahora será debatida en juicio, donde se analizarán las pruebas reunidas y se definirá la responsabilidad penal de los acusados.
