La obra social PAMI anunció una fuerte reducción en los pagos a médicos de cabecera que atienden a jubilados, fijando el valor de la consulta en $2.100, lo que representa aproximadamente la mitad de lo que se abonaba anteriormente, incluso con demoras. La medida genera preocupación en el sistema de atención, ya que podría afectar la disponibilidad de profesionales y la calidad del servicio.
En Córdoba, el impacto ya se siente con fuerza. Médicos advierten que el nuevo esquema resulta insostenible, mientras crecen las quejas de afiliados que enfrentan mayores dificultades para conseguir turnos y tratamientos. La situación expone una crisis que golpea directamente a uno de los sectores más vulnerables.
El caso de una jubilada refleja con crudeza este escenario. Desde 2023 espera la autorización para una cirugía urgente: “Tengo el fémur sin cartílago y la cadera rota”, expresó. Hace más de dos años permanece prácticamente inmovilizada, dependiendo de un andador y sin respuestas concretas por parte de la obra social.
A esta situación se suman nuevos reclamos que profundizan la preocupación. En Córdoba, jubilados denuncian que para una infección de oídos les otorgan turnos recién para julio. Otra afiliada con un quiste en un ovario aún no logra conseguir la orden para realizarse estudios. Incluso, una mujer que aseguró tener el brazo quebrado relató que solo le indicaron calmantes, sin ser atendida por un médico.
Los testimonios evidencian demoras, trabas administrativas y falta de respuestas en la atención. Mientras tanto, el ajuste en los pagos a profesionales profundiza la incertidumbre y agrava el acceso a la salud para miles de jubilados.
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