La principal espada del gobierno para aumentar sus fichas parlamentarias, Diego Santilli, tuvo su primer fracaso: La ley de Inviolabilidad de la propiedad privada comenzó a tratarse sin el polémico artículo sobre cuánta tierra pueden comprar los extranjeros en la Argentina.
Entre Santilli y Patricia Bullrich no lograron seducir a gobernadores considerados “aliados” para que dejen al costado la presión de sectores variopintos –compuesta por políticos, referentes sociales y hasta músicos- para hacer patinar al Gobierno con posturas entre nacionalistas y chauvinistas.
Nadie se quiso ponerse el poncho de “vendepatria” para apuntalar con senadores la propuesta oficial y el Gobierno tuvo que recoger el barrilete. La iniciativa apenas intentaba emular a Brasil, cuyo gobierno no se puede considerar de derecha, pero permite el 25 por ciento de su tierra extranjerizada.
La ley actual, como quedará finalmente este tema, permite en el país el 15 por ciento, aunque se considera que sólo el cinco por ciento está en manos foráneas.
Desde el Gobierno entendían que sumar capital extranjero a algunos sectores de la producción iba a ser determinante para el desarrollo de zonas marginales con potencial agroganadero. Son regiones donde faltan inversiones de mucho dinero, por ejemplo para el riego.
Es sumar escala a los que ya se intenta en Río Negro y Neuquén con producción de maíz y alfalfa para exportar a Medio Oriente desde la meseta patagónica.
Más allá de esa discusión con ribetes sesentistas, la realidad es que las ambiciones legislativas de Javier Milei no tienen correlato con el poder de fuego que atrinchera en ambas cámaras. Ante cada pifia expone debilidad y falta del manejo de los tiempos, justo cuando larga la campaña reeleccionista.
Esa falta de bancas seguras, o de certeza de que nadie se va a dar vuelta a último momento, es lo que lleva Milei a replantear su proyecto para eliminar las Paso. Sobre la mesa de discusión ya está la alternativa de mínima: Suspenderlas por decreto como en 2023.
