En su columna en Entre tiempo, de Canal C, José Ravalli analizó la auditoría impulsada por el Gobierno nacional sobre prestaciones vinculadas a discapacidad en el ANDIS y advirtió sobre las irregularidades detectadas en contrataciones y facturaciones. Según remarcó, algunos sobreprecios alcanzaron niveles “hasta del 4.200%”, en un esquema que consideró mucho más amplio que los casos conocidos públicamente.
Nivel de sobrefacturación millonario y vínculos entre privados y Estado
Ravalli sostuvo que este tipo de situaciones exponen un problema estructural donde la corrupción no involucra solamente al Estado, sino también al sector privado. En ese sentido, planteó que para que existan maniobras de este tipo “tiene que haber dos partes”, apuntando a empresas que históricamente participan de licitaciones públicas y que, según describió, obtienen ganancias extraordinarias mediante sobrefacturación.
Como ejemplo, mencionó el caso de sillas de ruedas que tendrían un valor de mercado cercano al millón de pesos, pero que habrían sido facturadas por montos cercanos a los 19 millones. Para el periodista, este tipo de operaciones representan “vueltos millonarios” que terminan afectando recursos públicos y reflejan mecanismos que se repiten desde hace años.
Además, cuestionó la lentitud de la Justicia y reclamó respuestas rápidas frente a estas denuncias. Según señaló, muchos de estos episodios atraviesan distintas gestiones y forman parte de “sistemas estructurados” que exceden a un gobierno en particular, vinculados a licitaciones, convenios y prácticas de lobby permanente con el Estado.
Finalmente, Ravalli consideró que los casos conocidos hasta ahora serían apenas “una muestra” de un problema mucho más profundo, donde sectores privados y funcionarios terminan beneficiándose económicamente a través de estructuras que, según sostuvo, se mantienen desde hace tiempo.
