Como era de prever, la ley que intentará regular la actividad de “naranjitas” y limpiavidrios deja muchos puntos clave sin tocar y corre por detrás del problema. La existencia de gente en la calle intentando un rebusque mediante un trabajo, una extorsión o una avivada no es un fenómeno que nació con el gobierno de Javier Milei como muchos legisladores provinciales intentaron plantear, sino que tiene un par de décadas de existencia.
El descontrol se fue agravando a medida que el Estado fue mirando para el costado cada vez que se generaban situaciones de violencia que mostraban la realidad de la calle y no la de los escritorios.
Es cierto que muchos vecinos, principalmente de algunos barrios de la ciudad de Córdoba, empatizaban con los cuidadores de buen trato y dispuestos a cobrar sin recurrir a la presión. Sin embargo, fueron ganando las situaciones de coacción y agresión, especialmente en horarios nocturnos y en espectáculos públicos, más allá de quienes estaban o no autorizados.
La presencia de los limpiavidrios es distinta. No genera la empatía del cuidador “amigo”, sino que despierta temor por el estilo de “apriete” y el estado en el que actúan. Allí aparece uno de los problemas no contemplados: cómo se va a actuar sobre las adicciones y la reinserción laboral de ellos.
Tampoco se contempla una investigación profunda sobre las sospechas de que hay sobre quienes lucrarían con la presencia de limpiavidrios en algunas esquinas. Ello se debe a que, en algunos casos, suelen llegar e irse en “transportes especiales”.
Detrás de los “naranjitas” también actúa una suerte de “omertá” que factura para liberar cuadras o, principalmente, permitir el cobro en los estadios donde hay fútbol o espectáculos artísticos.
Por ejemplo, los miembros de la cooperativa de cuidadores reconocen –en absoluta reserva- que pagan a barras bravas entre 50 y 100 mil pesos por cada una de las personas que van a “trabajar” al Kempes cada vez que juega Talleres. El pago se realiza por adelantado y sin contemplar el éxito de la tarea.
La preocupación por quienes se quedan sin una fuente de ingreso es lógica y debe intentar resolverse, pero no por ello se deben descuidar los trasfondos de tinte mafiosos que hay detrás de estas actividades y que por conveniencia u omisión no suelen abordarse.
