La Legislatura de Córdoba esconde bajo llave una lista de contratos que incluye a familiares de funcionarios, exintendentes y hasta políticos reconvertidos. Para acceder a estos datos, los medios debieron recurrir a un amparo judicial. ¿Qué hay que ocultar? Apellidos como Llaryora (pariente del gobernador), Galopo (hijo del Defensor del Pueblo) y Arzani (hijo de un exintendente radical) figuran en la nómina. Todos son contratos legales, pero éticamente dudosos.
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El problema no es solo el nepotismo, sino la opacidad. Si la militancia política se paga con fondos públicos, ¿por qué cuesta tanto saber quiénes la cobran? Más grave aún: muchos de estos nombres cambiaron de bando según el viento político. Radicales que fueron mestristas, peronistas que saltaron al oficialismo. La lealtad, al parecer, tiene precio.
Estos contratos son el manual de la rosca política: favores, acomodos y silencio. La ciudadanía merece transparencia. Si no hay nada que esconder, ¿por qué tanta resistencia a mostrar la lista completa?
