El Gobierno nacional, como lo intentó hacer a fines del año pasado, juega con la ley de Modernización Laboral una ficha a pleno para definir en qué condiciones continúa hacia el recambio del 2027. Es una jugada arriesgada, casi al límite, en cuanto al marco político.
Si logra la aprobación, algo posible por estas horas, Javier Milei se sentará en un triunfo político trascendente como para encarar con mucho aire el año preelectoral. En cambio, una derrota lo complicaría demasiado tanto en el frente interno como en el externo.
Si la ley no sale, la victoria irá al bolso de Axel Kiciloff, quien acaba de sellar un acuerdo con el kirchnerismo duro para conducir el PJ y lo potenciaría hacia el 2027. Pero, un eventual rechazo impactará, además, en la credibilidad externa, especialmente en el buró del FMI y en la Casa Blanca.
En la Rosada confían en sacar el proyecto en la Cámara Alta con unos 40 senadores, sobre 72 miembros, con el respaldo de un grupo de peronistas corridos de la escena K y de la CGT.
Hay tanto en juego desde el punto de vista político que ya comenzaron las denuncias fuertes. En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, acusó a kirchneristas y miembros de la CGT de amenazar a los legisladores de Convicción Federal para que no respalden al Gobierno.
Ese sector junta unos 28 legisladores, entre diputados y senadores, y responde al peronismo de Salta, Tucumán y Catamarca. Suman a la canasta que el Gobierno considera como propia.
En Córdoba, en tanto, los representantes del PJ podrían votar mayoritariamente a favor en el tratamiento en general, pero con mayores discrepancias a la hora del voto en particular. El momento no es el mejor: una interna por los liderazgos, y de final abierto, ocupa a llaryoristas y schiarettistas.
