Pese a que su situación aún se discute puertas adentro del Panal y que la mayoría oficialismo impidió que fuera botado de la Unicameral, la suerte de Ramón Flores aparece en el abismo. En el círculo chico de Martín Llaryora aseguran que el gobernador querría tener su renuncia a la banca en el corto plazo: el lunes, posiblemente.
“Cañito” Flores se mueve en el departamento Río Seco como un señor feudal. Como tal, se muestra como dueño del territorio, de la Justicia, de la seguridad y hasta de la voluntad de sus siervos. Pero, si algo distinguía al feudalismo es que su camino terminaba cuando complicaba o superaba el poder del Rey.
Por eso, Llaryora quiere ver lejos a Flores si las causas contra sus “asesores” siguen despertando el asombro y la curiosidad de la opinión pública, especialmente de los sectores que no viven el día a día de la política. Estos no están tan sorprendidos por el escándalo norteño.
Es que el tiempo, casi siempre tirano, corre velozmente hacia los tiempos de campaña electoral, momento en el que no conviene que la basura asome por los flecos de la alfombra.
El “caso Flores” viene a sumarse a otros escándalos que muestran al oficialismo provincial muy complicado en atajar esos penales. Incluso, con el hierro muy caliente del juicio a Oscar González (un “feudal” del oeste provincial) a punto de salpicar esquirlas.
Ante la falta de autocrítica del peronismo y el Gobierno por los horrores que mostró el escándalo de “Cañito”, salió la senadora nacional Alejandra Vigo a pedirle la cabeza. Lo hizo a horas de que la Unicameral tuviera el “gesto” de otorgarle una licencia.
Con su postura pública en contra del legislador norteño, Vigo deja abierta la interpretación de que las cosas entre Llaryora y su esposo, Juan Schiaretti, no pasan por el mejor momento.
Los desbarrancos de Flores, González y del capitalino Ricardo Moreno (padrino político del supuesto femicida Claudio Barrelier) se exponen como la imagen de descomposición de la política cordobesa, otrora referencia nacional de ética y compromiso democrático.
Parece demasiado simplista que desde adentro sólo se apunte a mejorar la calidad de selección de los asesores legislativos para evitar sinsabores. En realidad, lo que asoma como una necesidad es una mejora en la calidad de los propios legisladores, que en muchos casos no están a la altura ni tienen la capacidad para ser servidores públicos y, por lo tanto, trabajar por una mejora en la calidad de vida.
No de sus siervos, sino de los ciudadanos.
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