Desde el juicio contra el ex gobernador Eduardo Angeloz, nadie con tanto poder político en Córdoba se sentaba en el banquillo de los acusados como lo hace hoy Oscar González. En este caso no es por supuesto enriquecimiento ilícito –aunque también está imputado por ese delito-, sino por la sospecha de haber matado a una mujer y herido gravemente a dos niñas en supuesta conducción negligente.
Hace cuatro años, cuando ocurrió la tragedia en la bajada del camino de las Altas Cumbres hacia Mina Clavero, González ostentaba el tercer escalón de la línea de poder en Córdoba. Antes, había ocupado cargos en el Gobierno nacional y banca en el Congreso. En Córdoba fue miembro del Poder Ejecutivo, del Legislativo y también candidato a vicegobernador.
Al momento del hecho, el médico y hombre fuerte de Traslasierra tenía 74 años y manejaba una SUV BMW en custodia de la Justicia Federal, con un carnet de conducir emitido por la localidad de Las Tapias, pese a tener domicilio en Córdoba. Esa comuna no estaba adherida al Registro Provincial de Antecedentes (REPAT).
González, desde hace tres décadas, controlaba la política de Traslasierra a su gusto. No sólo digitaba las conducciones y los candidatos del PJ en los distintos departamentos, sino que también era influyente en las designaciones judiciales para “su zona” de acción.
Por ese alcance es que el juicio que comenzó a celebrarse en los Tribunales de Villa Dolores, donde ejerció la medicina y tuvo pacientes reconocidos como el fallecido magnate Juan Feliciano Manubens Calvet.
Desde un primer momento, los familiares de las víctimas del accidente vial pusieron bajo la lupa al juez Santiago Camogli y a la fiscal Analía Gallaratto. Sospechan que ambos fueron nombrados bajo la influencia del caudillo político y que las pericias del siniestro se demoraron o no siguieron un cauce normal.
La fiscal pidió el juicio bajo la acusación de homicidio culposo agravado, con una pena estimada en seis años si resulta culpable. Muy distante de los 25 que pueden tocarle si prospera el pedido de los querellantes que es la aplicación de la figura de homicidio con dolo. Más allá de la culpabilidad o no de González, el proceder puede mostrar si la Justicia es capaz de moverse sin la influencia de la política.
Para que no queden duda de la estrategia, la primera medida del defensor Miguel Ortiz Pellegrini –ex legislador provincial y otrora operador radical- fue pedir la nulidad del proceso, instancia que se rechazó.
Ante los medios, Ortiz Pellegrini no disimuló en poner la plata sobre la mesa: Anunció una y otra vez que más allá de lo que resuelva el magistrado “las indemnizaciones a las víctimas no se tocan”, como si el dinero pudiera sanar las heridas de la muerte y la postración.
