Córdoba es el segundo conglomerado urbano del país en cantidad de población y uno de los ejidos municipales más grandes del mundo, con más de 500 km² de superficie. Sin embargo, en lugar de evolucionar hacia una urbe armónica y vivible, involuciona por obra y gracia de una administración deslucida e improvisada.
Los vecinos parecen inmersos en un laberinto de decisiones que, lejos de facilitarles la vida, se la complican. La última “jugada maestra” de la administración de Daniel Passerini y su equipo es avanzar en sentido contrario a la lógica y al deseo generalizado respecto del sistema de estacionamiento.
El problema del tránsito, ya de por sí excesivo en torno al centro y pericentro de la ciudad, también debería entenderse desde el empeoramiento del sistema de transporte urbano y la incapacidad de los últimos gobiernos para avanzar en una alternativa, como el sistema ferroviario, siempre presentado en campañas electorales pero cajoneado a la hora de ponerlo en marcha. Aquí, la presión —¿o extorsión?— de las empresas de transporte resulta determinante.
Cuando la gente no encuentra más remedio que utilizar vehículos particulares o aplicaciones de transporte que aún se mueven en una nebulosa regulatoria, se topa con otra gran dificultad: avenidas y calles planificadas hace 70 años para una ciudad distinta fueron achicadas bajo el criterio verde de la “cultura woke”, simpático para ciudades con subterráneos o sistemas ferroviarios. Pero en Córdoba, los canteros en el centro de las principales arterias significan directamente un urbanicidio.
Ahora, frente a todas estas dificultades, cae piedra sin llover. Los vecinos, cansados de denunciar agresiones, maltratos y destrucción de vehículos por parte de grupos de cuidadores que funcionaban bajo prácticas extorsivas, deben padecer además el empoderamiento de esos mismos sectores.
No todos los “naranjitas” ejercían prácticas agresivas, pero muchos formaban parte de una rueda que se autoprotegía frente a los reclamos y ocultaba a los violentos, quienes ahora también recibieron el amparo de la Iglesia.
Por una decisión insólita, los cuidadores pasan a ser verificadores municipales con una tarifa fija por hora —equivalente hoy a aproximadamente un dólar— y responderán a un grupo de cooperativas que no cumplirían con la reglamentación del Inaes (el organismo nacional que las controla) para funcionar como tales. Aun así, se quedarán con el 80% de una cifra varias veces millonaria que los vecinos dejan cada día en las calles. ¿Tan generosos somos?
No está claro a cambio de qué la administración de Passerini cede una suma millonaria que podría destinarse, por ejemplo, a la repavimentación de calles, y además se expone a que, en el corto plazo, cientos de personas se consideren nuevos empleados municipales —algunas estimaciones hablan de 1.500—.
No se trata de negar la crisis económica ni el desempleo creciente, pero eso no debería justificar que un grupo de mil personas siga tomando de rehén, ahora bajo la legalidad de una ordenanza, a cada ciudadano que estaciona un auto.
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