En la columna de opinión de Germán Negro que se transmite por Canal C en la señal 7 y 539 de flow , el periodista analizó la fortaleza política y parlamentaria conseguida por Javier Milei en las elecciones de octubre comienza a ponerse en juego con el recambio legislativo y el inicio de las sesiones extraordinarias. La ratificación de lo logrado puede ser más visible en Diputados, pero menos en el Senado, donde deberá tener un mayor poder de negociación para aprobar las leyes más controvertidas.
Justamente por la Cámara Alta ingresará el proyecto de Modernización Laboral, que será tratado en primera instancia por la Comisión de Legislación Laboral, a cargo de la cordobesa Carmen Rivero, y bajo la conducción del bloque que responde a Patricia Bullrich.
En principio, esta ley —tan controvertida— podría pasar para las sesiones ordinarias, debido a que el Gobierno ya tiene un proyecto elaborado pero aún no inició conversaciones con la CGT, que advirtió que, si no hay consenso, habrá paros “salvajes”. La amenaza cae sobre sectores clave de la economía como los puertos de exportación granaria, Vaca Muerta y la minería.
Algunos gobernadores de la oposición, que se mostraron dispuestos a facilitar el camino del Gobierno en varias leyes, señalaron que no verían con buenos ojos que se soslaye el diálogo con los gremios en el marco de la reforma laboral.
Lo que el Gobierno quiere aprobar sí o sí en las extraordinarias es la ley de Presupuesto (que no se actualiza desde hace dos años) y la normativa de Inocencia Fiscal, que legaliza la inversión con fondos provenientes del ahorro o de herencias no blanqueadas.
También ingresarán la reforma del Código Penal —muy extensa—, la ley de Glaciares —impulsada por las empresas mineras— y la ley para el Equilibrio y la Estabilidad. Es posible que todas alcancen tratamiento en comisión, pero que no lleguen al recinto durante las extraordinarias.
El éxito o fracaso de estas normativas dependerá de la capacidad negociadora no solo de los presidentes de bloque del oficialismo. Será clave que el Ejecutivo mantenga el espíritu de diálogo iniciado con la mayoría de las provincias, una tarea que compete tanto al ministro Diego Santilli como al propio presidente Javier Milei.
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