Como periodista, pocas veces me sentí tan abatida. En cada llamado, en cada puerta que golpeo buscando respuestas sobre el femicidio de Agostina Vega, encuentro la misma escena: silencio, miedo y testimonios que solo se animan al resguardo del off. Hay más dudas que certezas, y la sensación de que la verdad aún está lejos de salir a la luz.
Porque el asesinato de Agostina no termina en Barrelier.
A medida que pasan los días, la investigación parece abrir más interrogantes de los que logra cerrar. Y entre esas preguntas hay una que resulta imposible ignorar: ¿qué ocurrió con las denuncias previas? ¿Qué respuestas dio el sistema cuando todavía existía la posibilidad de prevenir una tragedia?
Las revelaciones periodísticas conocidas en los últimos días vuelven a poner el foco sobre una discusión incómoda pero necesaria: las decisiones institucionales que se tomaron mucho antes del femicidio. Si existió una denuncia previa, si intervino la Justicia, si hubo medidas adoptadas y si posteriormente se recuperó la libertad bajo determinadas condiciones procesales, son cuestiones que merecen ser explicadas con absoluta transparencia ante la sociedad.
No porque esas decisiones conviertan automáticamente a nadie en responsable del crimen. La responsabilidad penal es individual y deberá ser determinada por la Justicia. Pero una democracia sana también exige revisar si las instituciones funcionaron como debían funcionar y si hubo alertas que fueron subestimadas, ignoradas o insuficientemente atendidas.
La sociedad tiene derecho a esperar que la Justicia esté a la altura de la gravedad de los hechos. No solamente para esclarecer quién mató a Agostina, sino también para responder qué ocurrió antes de que la mataran.
Reitero: Barrelier deberá responder por sus propios actos ante la Justicia. Pero cada día resulta más evidente que el debate no puede agotarse en una sola persona.
Porque la pregunta que sobrevuela este caso es otra: ¿cómo pudo llegar hasta aquí? ¿Quiénes vieron señales de alerta? ¿Quiénes tenían responsabilidades institucionales? ¿Quiénes actuaron y quiénes no?
Si las respuestas a esas preguntas permanecen ocultas, la sociedad tiene derecho a preguntarse si estamos frente a un caso individual o ante el fracaso de una red de controles institucionales que debía proteger y no protegió.
No afirmo que exista una trama de encubrimiento. Pero sí advierto algo preocupante: alrededor de este femicidio aparecen demasiados silencios, demasiados temores y demasiadas personas que parecen más interesadas en preservar posiciones de poder que en ayudar a reconstruir la verdad.
Y cuando el miedo a hablar se vuelve más fuerte que la necesidad de esclarecer los hechos, las preguntas se vuelven inevitables: ¿hay responsabilidades políticas que nadie quiere discutir? ¿Hay responsabilidades institucionales que algunos prefieren mantener fuera del debate público? ¿Hay sectores de poder —políticos, judiciales o privados— que deberían dar explicaciones y todavía no lo han hecho?
La discusión institucional tampoco puede agotarse en el ámbito estrictamente judicial. Existen responsabilidades políticas que deben ser debatidas cuando aparecen conductas o declaraciones de funcionarios públicos que, en medio de un hecho de extrema gravedad social, generan al menos interrogantes sobre los límites éticos del ejercicio de la función.
En ese sentido, cobran relevancia las declaraciones del concejal Ricardo Moreno, quien en una entrevista admitió haber intervenido en gestiones vinculadas a la incorporación de personas al ámbito municipal, reconociendo inicialmente cifras que luego fueron relativizadas en una segunda instancia. Más allá del número —sea uno, quince o cualquier otro— el punto de fondo no es aritmético sino institucional: la discusión sobre el acceso al empleo público a través de mecanismos informales o discrecionales vuelve a poner sobre la mesa una problemática estructural que excede a un caso individual.
En paralelo, y en medio de un clima social atravesado por el impacto del femicidio de Agostina Vega, resulta inevitable interrogar también los usos públicos del caso. Cuando hechos de esta magnitud se convierten en escenario de exposición política o personal, la línea entre la responsabilidad institucional y la apropiación del dolor ajeno se vuelve difusa y profundamente delicada. En ese marco, cualquier beneficio indirecto —político, mediático o incluso profesional— que pudiera derivarse de la exposición del caso debería ser al menos motivo de reflexión ética, no de celebración ni oportunismo.
Por otro lado, también resulta llamativo el comportamiento de sectores de la oposición que hoy reclaman explicaciones públicas, pero que no habrían promovido previamente denuncias formales o advertencias institucionales sobre situaciones que hoy aparecen como parte del debate público. Sin embargo, el hecho de que esas alertas no hayan sido canalizadas en su momento no puede utilizarse ahora como justificación para el aprovechamiento político de una tragedia que aún no ha permitido siquiera el duelo de la familia.
La sociedad cordobesa asiste, así, a un escenario complejo: instituciones que deben explicar lo que hicieron y lo que omitieron, dirigentes que hoy hablan donde antes hubo silencio, y un dolor social que no debería convertirse en instrumento de disputa política.
La Justicia deberá determinar responsabilidades penales. Pero las instituciones no pueden esconderse detrás de los tiempos judiciales para evitar las discusiones que les corresponden hoy.
Porque cuando una joven fue asesinada en circunstancias que siguen generando tantas preguntas, el silencio deja de ser prudencia para convertirse en una forma de complicidad.
