Por menos de lo que cuesta un café expreso como paga mensual, un médico prestador del Pami debe atender a un paciente las veces que éste lo requiera. Insólito, indigno e imposible para ambos.
Esa atención del profesional de cabecera es una de las tantas aristas de prestación que no estaría funcionando, porque se suma a las especialidades, las cirugías o la provisión de medicamentos, entre tantas.
El Pami, la obra social que atiende a jubilados, pensionados, discapacitados y veteranos de Malvinas, tiene casi seis millones de afiliados en todo el país. A priori, no debería manejarse sin idoneidad y sin fondos, ya que abarca una función social que no debe interpretarse con el marco actual de la salud: el negocio.
Las jubilaciones, que en los últimos 30 años fueron del estatismo a lo privado para volver al punto inicial, son magras y mayormente están debajo de la línea de la pobreza. Entonces, los beneficiarios –la mayoría de edad avanzada- al menos no deberían penar son su atención médica. Sin embargo, cada año o cada día, están peor asistidos que el anterior.
En Córdoba, los afiliados al Pami son unos 650 mil, la mitad de ellos en Capital. Ante los paros o cortes de prestaciones, ese núcleo de personas que en su mayoría no llega a los 600 mil pesos por mes de ingresos van a recurrir o ya recurren a los hospitales públicos, de por sí saturados por la caída de afiliados a las prepagas.
De no mediar un cambio de actitud del Gobierno nacional respecto de las personas mayores y sus puntos de conexión con la vida misma, se presentará una crisis sanitaria de proporciones desconocidas.
Como en “Los miserables”, de Victor Hugo, a los pobres y a los “viejos”, les dolerá cada vez más su destino.
