El pasado 29 de agosto, tres operarios que trabajaban en una planta depuradora de cloacas en la ciudad de Oncativo perdieron la vida tras caer a un pozo. Casi un mes después, el fiscal de Río Segundo, Manuel Ayán, imputó al dueño de la empresa por homicidio culposo agravado por número de víctimas y lesiones culposas.
De acuerdo al expediente judicial, la firma no había garantizado las condiciones mínimas de seguridad a sus empleados, tales como capacitación, provisión de equipo de medición de gases y equipos de respiración. Además de la imputación, se le incautaron 150 millones de pesos y prohibieron su salida de Córdoba sin autorización previa.
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La abogada querellante, Marina Romano, habló con La Mañana del C y celebró la decisión de la Fiscalía. “Vamos a ver si pedimos un cambio de carátula por dolo eventual. Por suerte es una investigación que se está llevando muy rápido”, expresó.
Y concluyó: “Esto es un mensaje para los empresarios que deben respetar las normas laborales, hubo violación de higiene y seguridad, y deben preservar la vida de los trabajadores”.
