En la comisión reformadora del Código Penal que preside el camarista Mariano Borinsky hubo unanimidad de criterios para avanzar con los cambios para que sea reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas.
También se conoció que no habrá ninguna medida penal contra los periodistas que publiquen una escucha telefónica, ya que la prensa goza de plenas libertades en la Argentina. Según explicaron miembros de la comisión reformadora del Código Penal, la intención es poner ciertos límites a las conductas indebidas de funcionarios para evitar que empleados judiciales o de inteligencia hagan uso y abuso de una herramienta legal como es una escucha telefónica. La iniciativa de esta reforma va en línea con un proyecto de ley que ayer impulsaron un grupo de senadores peronistas para penar la filtración de escuchas judiciales.
La comisión encargada de introducir modificaciones al Código Penal trabaja desde hace más de un año en la redacción del proyecto. El producto final se pondrá en debate legislativo dentro de un mes.
