El Gobierno de Córdoba oficializó una medida que impacta directamente en los funcionarios públicos: quienes no se realicen el narcotest obligatorio verán suspendido el pago de sus salarios. La disposición fue publicada este lunes 4 de mayo en el Boletín Oficial mediante la resolución 61, firmada por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi.
La normativa establece que las áreas de recursos humanos de cada jurisdicción deberán informar a la Secretaría de Capital Humano sobre los agentes que incumplan con la obligación de presentar el certificado correspondiente. Según el texto oficial, “deberán informar el incumplimiento a la obligación de efectuar la presentación”, en línea con lo dispuesto por la Ley N° 10954 y su decreto reglamentario.
En ese sentido, el artículo 2 es contundente: la falta de presentación del narcotest derivará automáticamente en la suspensión del salario. La medida regirá hasta que el funcionario regularice su situación. Tal como indica la resolución, “la comunicación producirá la suspensión de la liquidación de haberes del agente involucrado”, sin descartar otros procedimientos administrativos.
Además, la normativa también contempla los casos en los que los resultados sean positivos. En esas situaciones, los informes deberán ser remitidos a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que será la encargada de evaluar cada caso y determinar las acciones a seguir, en coordinación con el Ministerio de Salud provincial.
La obligación de realizarse el narcotest alcanza a funcionarios de alto rango, incluyendo autoridades electas y cargos jerárquicos. En los considerandos, se recuerda que “el artículo 66 de la Ley Nº 10954 establece la obligación de presentar, anualmente, certificado negativo” para quienes ocupen funciones de relevancia en la administración pública provincial.
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