El Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado. En esa medida se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.
La diligencia judicial se produjo el mismo día en que el Gobierno de Alberto Fernández oficializó su decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires. Mientras la gestión porteña presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte.
En dos escritos con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria “in extremis” para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre. También reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
Sostiene que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.
El pedido de revocatoria advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.
Destinamos semejante cantidad de dinero a una ciudad que debate si tiene más subtes y en el norte debaten si tienen más agua.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 27, 2022
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Fuente: Télam
