En el marco de la Apertura del 148° período ordinario de sesiones de la Legislatura de Córdoba, que Canal C Argentina transmitió en vivo desde Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley de protección integral para las víctimas del delito, una iniciativa destinada a ordenar y garantizar derechos, asistencia, protección y reparación a quienes sufren hechos delictivos en la provincia.
Según explicó el mandatario durante su discurso, la norma busca colocar en el centro la dignidad humana y reforzar el rol del Estado en el acompañamiento efectivo de las víctimas, estableciendo obligaciones claras frente a quienes atraviesan situaciones de violencia o delito. “Es una ley que ordena derechos, garantías, asistencia, protección y reparación”, sostuvo.
En ese contexto, Llaryora agradeció públicamente la lucha de la familia Sperani, oriunda de Laboulaye, y de muchas otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. En reconocimiento a ese camino, propuso que la iniciativa lleve el nombre de “Ley Joaquín”, como homenaje y símbolo del compromiso institucional con las víctimas.
Presos de alto perfil, jueces de paz y territorialidad
Durante el mensaje que Canal C llevó en vivo a toda la provincia, el gobernador adelantó además que se impulsará una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control sobre internos considerados de máxima peligrosidad.
Llaryora también puso en valor los avances del Plan de Territorialidad judicial-policial en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Esta política permitió la delimitación de distritos policiales y judiciales, de modo que los vecinos puedan identificar con claridad quién es el fiscal y el comisario responsables de la seguridad en cada zona.
En total, se definieron 27 distritos, de los cuales 12 ya se encuentran en funcionamiento, con el compromiso de completar el esquema a lo largo de este año.
En materia judicial, el gobernador destacó la decisión de agilizar los procesos en casos de flagrancia y anunció que se impulsará una ley para otorgar inamovilidad a los jueces de paz, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial en cada localidad del interior provincial.
