El oficialismo logró este miércoles la aprobación del proyecto del Ejecutivo provincial que establece una nueva ley de seguridad pública y seguridad ciudadana.
Las medidas se centran en la creación de más fiscalías, el fortalecimiento del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad, el desarme de los ciudadanos y el uso de armas no letales, entre otras. Concretamente, en lo que al Poder Judicial se refiere, la iniciativa incluye la creación de seis fiscalías antinarcotráfico que funcionarán en las ciudades de Villa Dolores, Bell Ville, Marcos Juárez, Carlos Paz, Cruz del Eje y Córdoba. En cambio, para la ciudad de Córdoba está previsto que se sumen 12 fiscalías criminales que permitirán profundizar el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
El PJ había conseguido llegar a la previa de la sesión con los 33 votos propios, y sumar algunos apoyos del radicalismo, del PRO, y de los “aliados” de los monobloques, como Karina Bruno, ex Juntos por el Cambio; Federico Alesandri (Creo en Córdoba); y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).
Posteriormente, la incorporación de un proyecto del Ejecutivo para aumentar los aportes de los agentes estatales tensionó el clima legislativo. Estos cambios de último momento provocaron que Juntos por el Cambio y las bancadas de Encuentro Vecinal y de la izquierda se abstuvieran de participar. Aún así el PJ logró la aprobación de la legislación.
