En vísperas del debate parlamentario sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil, diversas instituciones de la Iglesia Católica —entre ellas la Pastoral Social, la Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina— difundieron un comunicado titulado “Bajar la edad no baja el delito”. El texto plantea que la propuesta de reducir la edad de imputabilidad de los menores no aborda las causas de la violencia y puede aumentar la reincidencia.
El documento subraya que la intervención penal debe ser la última opción, priorizando el trabajo de los Juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos. También cuestiona la capacidad del Estado para garantizar un sistema penal juvenil con recursos suficientes en materia de educación, salud y reinserción laboral, señalando que la falta de inversión en políticas sociales afecta a los sectores más vulnerables.
La carta enfatiza que niños, niñas y adolescentes son sujetos en desarrollo y que su responsabilidad es progresiva, por lo que deben ser tratados en un marco de protección y promoción de derechos. Además, cita evidencia internacional que muestra que países con edades mínimas de imputabilidad más bajas no lograron reducir la inseguridad.
Entre las propuestas alternativas, se destaca la aplicación de justicia restaurativa para adolescentes mayores de 16 años, la creación de oportunidades educativas y laborales, y la construcción de un entramado social que incluya y proteja a los jóvenes. La Iglesia insta a los legisladores a un debate “serio y constructivo”, priorizando la inclusión y el bienestar de la infancia por encima de la penalización.
