Con 2.500 inscriptos de todas las provincias argentinas, la Escuela de Abogados del Estado ofreció este martes la vigésimo conferencia gratuita del ciclo anual que en esta ocasión versó sobre “Ley de Bases y Derecho Administrativo: impacto y reformas”.
Por tratarse del análisis de una norma vigente desde hace poco tiempo se advirtió un interés excepcional que se tradujo en la inscripción de 2.500 personas de casi todas las provincias argentinas.
Las exposiciones estuvieron a cargo de dos especialistas, Eduardo Ávalos y Leonardo Massimino, ambos catedráticos universitarios y magistrados. Como es habitual, la presentación corrió por cuenta de Mariana Boschetto, coordinadora académica de la Escuela de Abogados del Estado y moderadora de las disertaciones.
Se encargó de destacar la expectativa generada por el temario de esta conferencia en particular al señalar que las disertaciones fueron seguidas desde los cuatro puntos cardinales del país . Boschetto sostuvo que el interés está relacionado con una norma que para la mayoría resulta novedosa.
El pasado 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.742 denominada Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta normativa, reglamentada parcialmente a través de un decreto del 5 de agosto ,abarca una amplia gama de temas incluyendo una profunda reforma a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos de 1972.
En primer término expuso Eduardo Ávalos, especialista en Derecho Público y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba; especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos – Universidad de Bolonia- Italia y disertante en diversos eventos académicos vinculados al Derecho Administrativo y Previsional.
La disertación de Ávalos se centró en las modificaciones a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Precisó que “comprende el 84% de las normas de la ley y además por el decreto 695 se ha modificado el reglamento de la ley”. Explicó también que “la importancia del procedimiento administrativo tiene que ver con que es la herramienta con que cuenta la administración para expresar su voluntad”.
“El fruto de ese procedimiento puede ser impugnado por el ciudadano a través de recursos administrativos y también aparece la instancia de reclamo. Estas modificaciones no solamente repercuten en el proceso en sí sino también en las acciones judiciales”.
A manera de síntesis opinó que “es interesante porque es la primer reforma que tiene en cuenta al ciudadano. No es una ley encaminada a favorecer la inmunidad de la administración sino los derechos de los administrados”.
A continuación disertó Leonardo Massimino, juez de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Especialista en Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad Austral; egresado sobresaliente y ha recibido entre otros galardones el “Premio La Ley” mejor tesina y premio “Corte Suprema de Justicia de la Nación” y, al egresado, por la “Academia Nacional de Derecho.
Explicó el especialista que se dedicaría especialmente a ofrecer contexto y subrayó que la desregulación que plantea “tiene que ver con la retirada de la intervención publica en la libre circulación de los servicios y la oferta y la demanda”.
Massimino dijo que “La Ley de Bases n° 27.742 introduce significativas modificaciones al régimen jurídico de los contratos de concesión de obra y servicios públicos. Estas modificaciones, que establecen condiciones para la promoción de inversiones, inciden en las categorías de derecho público. Es necesario, entonces, su estudio desde una mirada local”.
En otro tramo de su alocución concluyó que “todas las normas que hemos analizado tienen la intención de cumplir con la cláusula del preámbulo sobre el bienestar general y también están destinadas a dar seguridad a las inversiones pero el mejor punto de partida no es en el campo normativo sino el fáctico: el cumplimiento de los contratos”.
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