“El Impuesto a la Riqueza no solo es cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional, sino que también, podría tener efectos adversos en una economía muy afectada por la cuarentena”, comienza explicando el comunicado.
“Surgen además, preocupaciones relativas al diseño y a la implementación del nuevo
impuesto, a saber:
– Se superpone con el impuesto a los bienes personales, que ya quintuplicó su alícuota desde 2018 a la fecha.
– La base imponible se amplía a bienes exceptuados del impuesto a los bienes personales, tales como inmuebles rurales, depósitos a plazo jo en moneda nacional y extranjera, y títulos públicos nacionales. Cómo también, la participación en sociedades de cualquier tipo y el patrimonio de sociedades unipersonales. Para poder pagarlo, las empresas deberán afectar recursos que podrían haberse destinado a sostener la actividad productiva ante la crisis o la recuperación de la misma.
– Resulta incongruente que empresas en di cultades apoyadas por el Estado a través del programa ATP, ahora sean sometidas a pagar este nuevo impuesto.
– Se pretende gravar riqueza que no necesariamente es líquida, por lo que habrá contribuyentes que deberán desprenderse de activos para poder hacer frente a un pago no menor a 4 millones de pesos.
– El criterio para de nir la base imponible a partir de los 200 millones de pesos no tiene un fundamento claro; resultando inequitativo que un contribuyente con una base imponible levemente inferior a ese valor no pague el aporte, mientras que quien lo alcance, deberá pagar un importe de 4 millones de pesos.” Detalló la entidad cordobesa.
Y finalizó sentando una postura aún más crítica: “El ajuste de las cuentas públicas no puede concretarse mediante más impuestos, sino a partir de una revisión profunda de la e ciencia y la sostenibilidad del gasto público”, señaló.
