El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ha decidido llevar a juicio a altos dirigentes del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. Esto incluye al actual líder, Jorge Molina Herrera, y su predecesor, Gabriel Suárez, por los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de dinero. La causa involucra a un total de 19 imputados, quienes son acusados de desviar y lavar fondos pertenecientes al gremio.
La investigación se inició a finales de 2019 a raíz de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Tras un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que alertó sobre “movimientos financieros sospechosos” en las cuentas del sindicato desde 2012.
Entre los acusados se encuentran también el ex secretario de Finanzas del gremio, Fernando Navarro, y el ex interventor de la obra social del sindicato, Andrés Adolfo Chianalino. El juez Sánchez Freytes ha expuesto en una acusación de 149 páginas cómo estos líderes gremiales supuestamente formaron una organización delictiva para defraudar al sindicato mediante el manejo irregular de fondos.
Modus Operandi
Los investigadores han identificado cuatro esquemas de defraudación utilizados por la cúpula del sindicato. Estos incluyen la emisión de cheques a favor del sindicato por miembros de la conducción, así como la firma de cheques destinados a personas jurídicas vinculadas al sindicato y a empleados, muchos de los cuales no tienen actividad comercial registrada. Además, se investigan operaciones relacionadas con un Fondo Compensador destinado a los jubilados del gremio.
Según el juez, los acusados utilizaron su influencia y funciones para realizar operaciones bancarias en perjuicio del sindicato y en beneficio propio. Se estima que el desfalco podría ascender a alrededor de 180 millones de pesos, afectando a jubilados y pensionados que dependían de estos fondos.
El Papel de los Casinos
El nombre de Jorge Molina Herrera ha sido asociado con el mundo de los casinos, donde, según la investigación, se blanquearon grandes sumas de dinero. A lo largo de los años, su actividad en los casinos generó sospechas sobre el origen de los fondos, pues las cifras en sus ingresos no justificaban sus gastos. La justicia ha identificado patrones inusuales en sus transacciones, que levantaron las alertas de las autoridades.
La causa ha llevado a un escenario complicado para el sindicato y sus líderes, quienes ahora enfrentan la posibilidad de severas condenas y un intenso escrutinio público. Este juicio representa un momento crítico en la historia del sindicato, donde los intereses de los trabajadores y la transparencia en la administración de sus fondos están en el centro de la atención judicial.
