Por primera vez, autoridades iraníes reconocieron la magnitud de la represión: un funcionario admitió que alrededor de 2.000 personas murieron en las protestas que sacuden al país desde hace dos semanas. La cifra contrasta con los 648 fallecidos verificados por la ONG Iran Human Rights, que advierte que el número real podría superar los 6.000.
Las manifestaciones comenzaron por la crisis económica y el aumento del costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático instaurado en 1979.
La represión incluye un bloqueo de internet desde el 8 de enero, lo que dificulta la verificación independiente de las cifras. Videos difundidos muestran enfrentamientos nocturnos con disparos, incendios y choques violentos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó estar “horrorizado” y pidió al gobierno iraní “dejar de matar a manifestantes pacíficos”. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron matanzas a gran escala.
Mientras tanto, la prensa estatal informó la muerte de decenas de miembros de las fuerzas de seguridad, cuyos funerales se convirtieron en actos de apoyo al gobierno. El líder supremo, Alí Khamenei, calificó estas contramanifestaciones como una advertencia a Estados Unidos.
La admisión oficial marca un punto de inflexión en el manejo informativo de la crisis, que representa el mayor desafío interno para el régimen en los últimos años.
