En un desarrollo preocupante que revela las entrañas de un negocio ilícito de dimensiones trasnacionales, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, bajo la dirección de la Dra. María Alejandra Mángano, ha llevado a cabo una serie de allanamientos en instituciones médicas y estudios jurídicos en la Ciudad de Buenos Aires, así como en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Estas acciones son parte de una investigación que se inició en enero del presente año y que ha destapado una sofisticada red dedicada a la explotación del cuerpo de mujeres a través de la subrogación de vientres, y la posterior comercialización de los niños que nacen de estas prácticas.
UNODC concluye que a nivel global un 30% de las personas condenadas por el delito de trata son mujeres. Algunas veces mujeres víctimas sufren violaciones a sus derechos, muchas veces los explotadores varones se valen de las mujeres para perpetrar sus crímenes y minimizar costos. https://t.co/RaaXpGbgd7
— Alejandra Mángano (@alemangano82) September 26, 2024
El esquema investigado se presenta como un “programa” dirigido a parejas que no pueden concebir de manera natural. Con un costo aproximado de 50.000 dólares, el “Programa Argentina” abarca desde la selección de la gestante hasta la inscripción del niño en el registro civil, pasando por la adquisición de embriones y el tratamiento médico necesario. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultan prácticas que desdibujan la ética y la legalidad, y que resultan en la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Los allanamientos han sido coordinados por las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes han comenzado a desmantelar un entramado en el que agencias y clínicas de fertilidad operan al margen de la ley. Estas instituciones se promocionaban en el extranjero, utilizando canales digitales para atraer a parejas de países desarrollados que buscan convertirse en padres sin la carga emocional o ética que conlleva una gestación tradicional.
Las investigaciones han revelado que las empresas implicadas en este negocio ilícito utilizan métodos cuestionables para reclutar a las gestantes. Aprovechándose de su situación socioeconómica precaria, las mujeres son contactadas a través de redes sociales, donde se les ofrecen sumas de dinero que rondan los 10.000 dólares por llevar adelante un embarazo. Este monto puede incrementarse en 1.000 a 2.000 dólares adicionales si el parto se realiza por cesárea. Sin embargo, las condiciones de este “acuerdo” son extremadamente desventajosas para las gestantes: si el embarazo se interrumpe, las empresas se niegan a abonar cualquier pago adicional, limitándose a cubrir gastos mínimos mensuales.
Este modelo de negocio no solo se beneficia de la vulnerabilidad económica de las mujeres, sino que también ignora las consecuencias físicas y emocionales que estas prácticas pueden tener en sus vidas. Muchas gestantes son dejadas a su suerte tras el parto, sin ningún tipo de apoyo o seguimiento médico adecuado, lo que pone en riesgo su salud y bienestar.
La debilidad del marco legal en Argentina es un factor que ha permitido que este tipo de prácticas se desarrollen con impunidad. La investigación ha puesto en evidencia que la inscripción de los nacimientos se lleva a cabo en un contexto de escaso control estatal, lo que facilita que las empresas involucradas operen sin la supervisión adecuada. Esto incluye el uso de documentos falsos y la falta de intervención judicial para validar los procedimientos de gestación.
El Ministerio Público Fiscal ha calificado estos hechos como potenciales violaciones al artículo 145 bis del Código Penal, que tipifica la trata de personas, así como a otros artículos que condenan la reducción a la servidumbre y la comercialización de seres humanos. La Fiscalía ha resaltado que las conductas observadas no solo constituyen un crimen, sino que también reflejan un patrón sistemático de explotación y abuso que debe ser erradicado.
En el transcurso de la investigación, han surgido testimonios desgarradores de parejas que intentaron ampliar su familia a través de estos procedimientos. En particular, un caso ha resonado en los medios: una pareja homoparental que decidió buscar asesoría legal en una de las clínicas implicadas en la investigación. En un testimonio exclusivo, uno de los hombres relató cómo se sintieron atrapados en un sistema que, lejos de ser ético, los llevó a un laberinto de irregularidades y manipulación.
La pareja describió un vínculo que se formó con la gestante, resaltando que, a pesar de las promesas de las clínicas, la realidad del proceso fue mucho más dura. “El deseo de ser padres no es exclusivo de los heterosexuales”, afirmaron con emoción. Sin embargo, también denunciaron que el proceso los dejó “arruinados moral, ética y financieramente”, añadiendo que la abogada que los asesoró, quien ahora ocupa un cargo importante en el gobierno, jugó un papel crucial en su desdicha.
Este escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de una regulación más estricta en torno a la gestación por sustitución y el comercio de niños en Argentina. Las autoridades deben establecer un marco legal que proteja tanto a las mujeres gestantes como a los niños nacidos de estas prácticas. La falta de control ha convertido a Argentina en un destino atractivo para el “turismo reproductivo”, donde parejas de países desarrollados llegan con el único objetivo de inscribir a sus hijos, sin ningún vínculo genuino con el país o la comunidad en la que se realiza el procedimiento.
A medida que avanza la investigación, la Fiscalía busca desmantelar esta red de explotación y poner fin a un sistema que se nutre de la vulnerabilidad de las personas. La lucha por los derechos de las mujeres gestantes y la protección de los niños no solo es una cuestión de justicia, sino también de dignidad y respeto por la vida humana.
