José Aníbal Ricardo “Hachazo” Villarreal fue indagado este martes y continuará detenido en el marco de la grave causa. Está señalado como uno de los principales acusados por los abusos sexuales reiterados en Villa de María del Río Seco.
El imputado, quien se desempeñaba como asesor del exlegislador Ramón “Cañito” Flores, se abstuvo de declarar durante la audiencia. Según lo reportado por Cadena 3, el acusado optó por negar formalmente los hechos que se le atribuyen.
En paralelo, la fiscal Analía Cepede resolvió agravar su situación procesal sumando una nueva acusación. Al grooming y abuso sexual reiterado, ahora se le incorporó formalmente la imputación por promoción a la corrupción de menores.
Denuncias por encubrimiento y 16 detenidos, entre ellos José Villarreal
La red de presuntos abusos que afectó a menores en el norte cordobés continúa ampliándose y ya cuenta con 16 detenidos. El avance del expediente reavivó fuertes cuestionamientos institucionales sobre la grave inacción del Estado.
Marina Romano, abogada de la primera víctima que expuso los hechos en 2020, denunció penalmente a funcionarios judiciales y policiales. Los acusa de encubrimiento agravado, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según apuntó la letrada, la denuncia original permaneció paralizada durante seis años en la comisaría local. Entre las principales funcionarias señaladas en esta reciente presentación judicial figura la fiscal de instrucción Fabiana Pochettino.
Una inacción judicial bajo la lupa
Romano denunció que esta incomprensible falta de avance permitió que los aberrantes hechos permanecieran impunes durante años. Por este motivo, exigió que se investigue la responsabilidad de quienes debían tramitar y darle curso a las actuaciones.
La abogada recordó que su clienta había relatado episodios de extrema gravedad en aquel entonces. En su testimonio, aseguró haber sido atada con una soga al cuello y colgada de un árbol, sin recibir protección estatal.
Mientras se definen las responsabilidades de los 16 detenidos actuales, la Justicia deberá explicar por qué ignoró a las víctimas. Se intentará esclarecer el presunto entramado de encubrimiento que sepultó aquella primera denuncia en el año 2020.
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